Compuertas del vertedero de Hidroituango
Compuertas del vertedero de Hidroituango.
Cortesía: Twitter @EPMestamosahi
12 Feb 2019 08:48 AM

EPM dice que no ha sido notificada sobre investigación de la Procuraduría

La contingencia de Hidroituango ha afectado a cerca de 20 mil familias.
Johanna Ramírez Gil
Johanna
Ramírez Gil
@johannarami

Empresas Públicas de Medellín (EPM) publicó un anexo en el apartado de 'Información Relevante' de la página de la Superintendencia Financiera, en el que aseguró que "sus administradores no han sido notificados de la apertura de una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría".

La investigación preliminar está relacionada con el impacto ambiental que ocasionó el cierre de la compuerta 1 de la Casa de Máquinas de Hidroituango. Incluso, el mismo procurador Fernando Carrillo anunció la apertura de las indagaciones.

En el documento, EPM afirmó que en el momento que corresponda dar las explicaciones, la empresa "informará al mercado de acuerdo con las normas vigentes".

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"Con respecto a la información divulgada por algunos medios de comunicación, EPM se permite informar que a la fecha sus administradores no han sido notificados de la apertura de una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la Nación, con ocasión del impacto ambiental causado al río Cauca, como consecuencia del cierre de la compuerta No. 1 del proyecto Ituango. En la oportunidad que corresponda, EPM informará al mercado de acuerdo con las normas vigentes sobre información relevante", dice el comunicado.

Investigación 

Por las decisiones que tomaron en el proyecto Hidroituango, que generaron al parecer, un daño ambiental irreparable, la Procuraduría abrió una investigación preliminar disciplinaria contra la junta directiva de EPM que preside el alcalde Federico Gutiérrez, y algunos  funcionarios de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

Según el procurador Fernando Carrillo, el proyecto afecta a más de 20 mil familias de pescadores de cuatro departamentos, la  obra tiene un retraso de por lo menos 3 años y un costo de recuperación que supera los 2 billones de pesos.

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El representante del Ministerio Público dijo que es necesario aclarar, si hubo improvisación en las decisiones que tomó la empresa, las cuales habrían afectado el medio ambiente y los derechos de los pobladores.

Las respuestas de las autoridades serán analizadas en una audiencia de rendición de cuentas que se realizará en Medellín, el próximo 26 de febrero.

Fuente
Sistema Integrado de Información